La justicia (no) es ciega

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Fernando Gonzales

Durante la última semana, han salido a luz audios que contienen conversaciones que revelan presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias y malos manejos entra los funcionarios de mayor jerarquía del sistema de justicia de nuestro país. Estos audios tienen como protagonistas a Walter Rios, ex presidente de la Corte Suprema del Callao, a César Hinostroza, juez supremo de la Segunda Sala Penal Transitoria, entre otros actores como empresarios, congresistas y políticos (como la misteriosa “Señora K”). Asimismo, se han visto involucrados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo que designa a jueces y fiscales. Esta maraña de conversaciones ha hecho remecer (nuevamente) la institucionalidad del país y debilita (aún más) la confianza en las autoridades.


¿En qué dirección se investiga?

Si bien los audios denotan una preocupante, aunque no nuevo, resquebrajamiento del sistema de sistema de justicia del país, igual de preocupante es la reacción de algunos políticos, congresistas y ex-funcionarios que han expresado indignación, no por los presuntos delitos revelados, sino por la interceptación telefónica realizada. Por ejemplo, el expresidente Alan García, calificó de gravísimo lo que él considera un “chuponeo fiscal” a manos de “la subversión”.

Lo cierto es que, las interceptaciones telefónicas fueron realizadas a pedido de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y con autorización de un juez, según afirmó Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Asimismo, luego de que los primeros audios se hicieran de conocimiento público, la Fiscalía realizó una diligencia en el local de IDL-Reporteros, el medio que los difundió. No obstante, dicha diligencia tuvo que ser cancelada debido a que no contaba con orden judicial, por lo que era ilegal. En otra aparente represalia contra los medios que divulgaron los audios, la fiscalía solicitó a IDL-Reporteros y a “Panorama” entregar todos los audios con los que cuenten y revelar sus fuentes. Ante esto, cabe precisar que exigir a los medios de prensa revelar sus fuentes va en contra de los Principios de Libertad de Expresión de la CIDH. En suma, desde que su hicieron públicos los audios, ha habido un intento por parte de cierto sector del Ministerio Público por hostigar a los medios, lo cual resulta incoherente y genera dudas sobre si es que existe un interés real en investigar los casos de corrupción expuestos.


Miembros del CNM

En esta crisis se ha visto involucrado Guido Águila, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se revela su vínculo con el juez Cesar Hinostroza y con Walter Ríos, así como se le pide darle “una empujadita” a un postulante para una plaza de fiscal. Además, en conversaciones previas ya se habían hecho referencias a al menos tres integrantes del CNM. Ante esa situación, es facultad del Congreso de la República, remover a los miembros del CNM en caso de falta grave. Sin embargo, el Congreso no ha mostrado iniciativa para destituirlos, o al menos, para hacerlo con celeridad.


¿Por qué es importante destituir a los miembros del CNM?  El CNM es el organismo que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales. Dado ello, no es posible combatir la corrupción en el poder judicial y el ministerio público si esta empieza por quienes designan a los jueces y fiscales. Tras la revelación de un reciente audio que involucra directamente a Guido Águila -miembro del CNM-, este anunció su renuncia. Sin embargo, la situación de los demás miembros aún no es clara, a pesar de que muchos sectores de la sociedad exigen su destitución. Esperemos medidas concretas para reformar el sistema de justicia, pues es imprescindible para el desarrollo del país. Podemos tener crecimiento económico, pero mientras no se combata la corrupción, es imposible llegar a ser un país desarrollado.

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