Nos quieren gobernar

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Nunca mejor dicho: en el Perú existe todo menos un Estado de Derecho. El Congreso ha hecho de las suyas y, una vez más, no se ha impuesto la razón, sino el número de votos. Revisemos, pues, una perlita más de nuestro Congreso para nuestra historia republicana que, en última instancia, no hará más que alimentar la vergüenza y la incertidumbre causada por el remedo de separación de poderes promovido en nuestro país. El lunes 9 de noviembre del 2020, el presidente del Perú ha sido vacado, inverosímilmente, por “incapacidad moral”. 

                                                                               Escribe: César Valdivia

La Constitución Política del Perú es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. En palabras del doctor en Derecho Marcial Rubio (2017), es la norma más importante al menos en 3 sentidos: contiene indicaciones que no pueden ser tachadas ni desnaturalizadas, establece la organización del Estado, y contiene procedimientos y atribuciones de los órganos del Estado. En sus artículos se funda el Estado de Derecho considerando, además, que su rango es incluso superior al de la ley y el reglamento. Sin embargo, es necesario reconocer que no sólo es importante saber qué dice la norma, sino qué es lo que quiere decir. Veamos un ejemplo:

El artículo 103, en su última oración, indica: “La Constitución no ampara el abuso del derecho”. La norma superior de nuestro ordenamiento -léase, Constitución- indica, estrictamente, que ella misma no ampara el uso del derecho de manera abusiva. No se hace mención a la ley y normas de rango infralegal. Parece que han sido olvidadas. A falta de indicación en contrario, ¿se puede decir que la ley y las normas infralegales sí amparan el abuso del derecho?

No hace falta ser especialista en Derecho para llegar a la conclusión de que ninguna pieza de nuestro ordenamiento puede amparar el abuso del derecho. Sostener lo contrario sería, naturalmente, un sinsentido. Vemos que no solo es importante ver qué dice la norma de manera literal, sino que es igualmente importante saber su alcance: interpretarla para saber qué quiere decir. Para lograr esta operación, el método de interpretación que hemos usado es conocido por los abogados como ratio legis y es caracterizado por buscar la razón de ser de la norma.

La importancia de la interpretación no se queda en el artículo que acabamos de visitar. Buscar el verdadero significado de la norma vale para todo nuestro ordenamiento y es particularmente relevante en cuanto a temas de tanta envergadura como remover del cargo al máximo representante del Estado: el Presidente de la República. 

En esta oportunidad, nuestros amigos congresistas -quienes parecen conocer exclusivamente el método de interpretación literal- vacaron a Martín Vizcarra apoyándose en el artículo 113 de la Constitución que dicen respetar. La norma indica lo siguiente: 

“La presidencia de la República vaca por: su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

Podemos descartar la parte de incapacidad física: el Presidente se encuentra en perfecto estado de salud -aunque no sorprendería que el Congreso hubiera querido usar el primer estornudo de Vizcarra como excusa para removerlo del cargo-. Quedémonos, entonces, con: “La presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral”. 

Dígame, estimado lector, qué entiende por la locución “incapacidad moral”. Lo más probable es que encuentre una respuesta diferente por cada persona a la que le pregunte. En palabras de Mario Castillo (2005), el concepto de incapacidad moral es relativo, se entiende como la falta de capacidad en el plano moral que haga necesario que el Congreso retire de su cargo al presidente de la república con el fin de salvaguardar la salud de la República. Reconoce, el jurista, que el concepto es tan voluble y difuso que es posible imaginar una infinidad de situaciones en las que se puede discutir la existencia de supuestos de incapacidad moral. Definitivamente, queda planteado un problema de escala mayor. 

La ética es frecuentemente definida como la rama de la filosofía que estudia la moralidad, la conducta correcta o equivocada. Adentrémonos, por un momento, en el mundo de la madre de todas las ciencias y preguntémonos: ¿Qué es la moral? 

En su primera acepción, la RAE define “moral” de la siguiente manera:

“Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva”.

La Real Academia no nos ha solucionado el problema, pues obrar “bien o mal” es, tan solo, la punta del iceberg. No nos anticipemos: ¿Qué o quién define qué está bien o qué está mal? ¿Por qué lo hace de tal manera?

Algunos creen que la ética es una ciencia que busca descubrir verdades morales. Dichas verdades serían comprobables como hechos que se comprueban en un laboratorio. Hablamos, pues, del Realismo Moral, una postura caracterizada por argumentar que hay “hechos morales” de la misma manera en la que hay “hechos científicos” (como que la Tierra gira alrededor del sol). Por el contrario, si no es posible encontrar tal fundamento, podríamos vernos inclinados a creer que la moral es estrictamente subjetiva. En ese sentido, el antirrealismo moral explica que no hay “hechos morales”: que no hay una sola respuesta correcta. 

Dígame, estimado lector, cuál es la correcta definición de moralidad. Mejor aún: dígame, estimado amigo congresista de la República, cuál es la correcta. Que quede claro: no estamos tratando de filosofar la salida del ex presidente ni dejarlo limpio de polvo y paja. Estamos poniendo sobre la mesa un tema que tuvo que ser discutido y no lo fue. La moral es un asunto complejo, lleno de preguntas y escaso de respuestas. La moral, ciertamente, no tiene soluciones ni una definición objetiva.

Como hemos descubierto empíricamente, el término “moral” -y, por ende, la “incapacidad moral”- es uno difuso y falto de explicaciones. En términos jurídicos, sin embargo, ya se han trazado los esquemas que delimitan esta figura, no sin cierta controversia y discusión. Lo que es discutible, valga la redundancia, es que el Congreso no optó ni por un camino, ni el otro. Tal como lo haría un buque rompehielo, inventó uno propio. 

Sotomayor (2020) explica que diversos especialistas en derecho constitucional indican dos opciones interpretativas. Por un lado -como comentábamos anteriormente- “incapacidad moral” se puede referir -de manera amplia- a cierta ineptitud o bajeza de cierto estándar moral que gobiernan sus acciones. Ya vimos que tal acepción causa muchas preguntas y ninguna respuesta, por lo que no lo comentaremos más. Por otro lado, la llamada interpretación tradicional indica que la “incapacidad moral” hace referencia a la incapacidad psicológica para ejercer el deber de gobernar el país. 

Esta es la que aparenta tener más sentido jurídicamente hablando. Gurmendi (2020), el mismo día de la vacancia, desarrolló la idea. Para entender el artículo 113 (vacancia presidencial por incapacidad moral), hay que revisar, a su vez, el artículo 117. En él, se indica:

“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Parece que ahora se busca el sentido de la norma ya no mediante una interpretación ratio legis sino, más bien, averiguando su significado en base a otras normas que la rodean. Se trata, pues, del método conocido por los abogados como “sistemático”. 

En efecto, este es el caso con los artículos 113 y el 117. El segundo indica, taxativamente, las causas por las que puede ser acusado -y, en consecuencia, destituido- el Presidente. El profesor Gurmendi (2020), en ese sentido, hace énfasis en la exclusividad de estas causales limitadas. Si pudiéramos inventar una causal cuando nos pareciera, no habría necesidad de enunciar una lista como la del 117. Ciertamente, si no nos limitamos a los ahí enunciados, casi cualquier acto reprochable -según el arbitrio de quien tenga el poder- podría ser catalogado como inmoral y ser usado como fundamento para remover al mandatario del cargo.  En consecuencia, no existe fundamento para destituir a un presidente por un motivo que no esté en el grupo de causales mencionado. 

Hemos llegado a un extremo absoluto: los flamantes congresistas de la República han vacado al mandatario alegando su incapacidad moral sin esgrimir fundamento alguno. Lleno de griterío y vociferaciones, un indignante arremedo de debate que se llevó a cabo luego de que Vizcarra asumiera su derecho de defensa personalmente frente al pleno. Como él mismo dijo en su mensaje a la nación post mortem, los representantes del pueblo no lo escucharon. Y si lo hicieron, no lo entendieron. Ciegos dentro de su arrebato, los congresistas insistieron -casi únicamente- en que Vizcarra “es corrupto”, ergo, no puede continuar en el cargo.

Debemos comentar varias cosas al respecto: primero, lo que los parlamentarios parecieron intentar vociferar es que “ser corrupto” es sinónimo de ser moralmente incapaz. Sin embargo, ningún participante del “debate” se molestó en elaborar acerca de dicha conexión. Más aún, ninguno siquiera estuvo cerca de dar un intento de definición de moral lo que, como vimos, no es una tarea fácil. Todos decidieron asumir que la equivalencia entre “incapacidad moral” y “corrupción” es evidente y ninguno tuvo la gentileza de explicar por qué. ¿Cómo pretenden usar una figura que ni siquiera saben definir? A pesar de ello, en pro de continuar nuestro análisis, démosle el beneficio de la duda a los congresistas. Asumamos que, en efecto, la Constitución puede ser interpretada de manera antojadiza -según el arbitrio de quien tenga el poder- y acordemos que “ser corrupto” es un estricto sinónimo de ser moralmente incapaz, causal de vacancia. Veremos, entonces, el segundo absurdo de nuestro parlamento.

Es ridículo tener que recordarle a un grupo de personas cuyo trabajo es literalmente hacer leyes un concepto tan básico de nuestra legislación como la presunción de inocencia. Consagrado en el artículo 2.24.e de la Constitución y el Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal, César Landa (2006) nos recuerda que no solo se trata de un derecho fundamental sino, además, de un principio constitucional; y no es para menos. Como el autor indica, la presunción de inocencia es el fundamento del proceso penal del Estado constitucional democrático que asiste a toda persona, mediante el cual será considerada inocente mientras no sea declarada de manera judicial su responsabilidad.

Nótese la frase “inocente mientras no sea declarada de manera judicial su responsabilidad”. El principio de presunción de inocencia es una garantía otorgada a todos los ciudadanos de nuestro país, sin excepción. Así se garantiza un juicio justo y solo cuando se demuestre que la persona es responsable por las imputaciones y sea emitida sentencia en su contra, se le podrá sancionar y ser tratado como culpable. En ese sentido, el expresidente Vizcarra, al ser tan ciudadano como usted o como yo, goza indubitablemente de tal presunción. 

Como es lógico, por esto no queremos decir que Martín Vizcarra sea inocente o que no se le debe juzgar. Todo lo contrario. Tiene que ser propiamente investigado y, de ser necesario, ser sometido a un proceso penal regular como cualquiera de sus compatriotas. Sin embargo, hasta que no sea emitida la sentencia de dicho proceso no se le podrá considerar un delincuente ni mucho menos gritar que es “un corrupto” en televisión nacional. Sin intención de ser redundante: él es un ciudadano de la República de Perú y, como tal, tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

Usted, lector sagaz, habrá podido notar que es posible -como suelen hacer los medios periodísticos- hacer referencia a Martín Vizcarra como presunto responsable por delitos de corrupción. Si desea, también puede hacer referencia a que es un investigado por la fiscalía. Teniendo esto en cuenta la pregunta cae de madura: ¿ser investigado por la justicia es motivo suficiente para ser vacado? ¿Tan solo el hecho de que la fiscalía indague en sus movimientos es sinónimo de ser “moralmente incapaz”? A la luz de lo expuesto, el principio de presunción de inocencia, y la evidente posibilidad de ser declarado inocente en un futuro proceso, la respuesta es, claramente, negativa. 

No puedo dejar pasar la oportunidad sin hacer referencia la publicación del escritor Jose Carlos Yrigoyen en su cuenta de Facebook horas después de la vacancia:

“Este es un país en el que no te vacan ni por arrasar comunidades selváticas con napalm (Belaunde), ni por asesinar a estudiantes desarmados en Huanta (Velasco), ni por colaborar con el Plan Cóndor (Morales Bermúdez), ni por torturar y desaparecer inocentes (de nuevo Belaunde), ni por ultimar presos rendidos en el Frontón (Alan García), ni por violentar la Constitución y muchas cosas más (Fujimori), ni por un Baguazo (Alan again) y etc. pero donde de pronto tienes que afrontar cuatro intentos de vacancia por motivos absolutamente ridículos y mononeuronales. Acuérdense de eso en abril del 2021” (Yrigoyen, 2020).

Estimado amigo congresista: no puedes vacar al presidente porque, según tú, es corrupto. Gritar en el pleno una y otra vez que Martín Vizcarra es deshonesto no fortalece tu argumento, expone tu ignorancia. Como indicaba Alberto de Belaúnde en su corta intervención durante el debate, nuestra Carta no tiene la figura de la censura presidencial ni la interpelación presidencial. No es posible justificar el voto a favor de la vacancia por mal manejo de crisis sanitaria, ni manejo presupuestal, ni investigaciones por presuntos actos de corrupción. Actuar de dicha manera es, sin duda, proceder manifiestamente en contra de nuestra norma suprema. Señor congresista, le recuerdo que, la Constitución y los principios que consagra, están para respetarse.

Ha sucedido un hecho único en nuestra historia y no podemos ser indiferentes: han muerto miles de personas en la crisis sanitaria y las personas que dirigen al país siguen pensando en ganar una cuota de poder. Pareciera que, ya desde el año 2003, el grupo La Sarita se dirigía a nuestro congreso: nos quieren gobernar y aquí lo que nos falta es ética y (sobre todo) moral. 

Lima, 10 de noviembre de 2020

Referencias:

Castillo, M. (2005). Vacancia de la Presidencia de la República Artículo 113. En La Constitución Comentada (1ra ed., Vol. 2, p. 301). Gaceta Jurídica.

Gurmendi, A. (9 de noviembre de 2020). A ver, algunos puntos sobre cómo se interpretan documentos legales. En este caso, veamos por qué “incapacidad moral” no significa [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Alonso_GD/status/1325908404863447041

Landa Arroyo, C. (2006). Bases Constitucionales del nuevo código procesal penal peruano.

Metaethics: Crash Course Philosophy #32. (25 de octubre de 2016). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FOoffXFpAlU

Olivari, D. R. (9 de noviembre de 2020). Vacancia: ¿uso o abuso? El Comercio Perú. https://elcomercio.pe/politica/opinion/martin-vizcarra-vacancia-uso-o-abuso-por-denisse-rodriguez-noticia/?ref=ecr

Rubio, M. (2017). El sistema jurídico. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sotomayor, J. E. (14 de septiembre de 2020). La vacancia por “incapacidad moral permanente” en la Constitución: un ejercicio analítico a través de una conversación. Enfoque Derecho. http://www.enfoquederecho.com/2020/09/14/la-vacancia-por-incapacidad-moral-permanente-en-la-constitucion-un-ejercicio-analitico-a-traves-de-una-conversacion/?fbclid=IwAR2hB1bvg618nmhQsj-II3TqqrT9ut6FbPUTc5t0F9FQ0w6KeK2GfV58wZQ

Yrigoyen, J. C. (10 de noviembre de 2020). Este es un país en el que no te vacan ni por arrasar comunidades selváticas con napalm (Belaunde) [Actualización de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/jcyrigoyen

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