En las últimas semanas, Chile ha vivido una tensa crisis política y social resultado del descontento de la población con el actual modelo económico. El sueño del crecimiento económico ha dejado de lado la construcción de una sociedad más justa y contenta en Chile. Y aunque la fórmula económica chilena parece funcionar: con el despegue en las cifras macroeconómicas y un crecimiento muy superior al promedio de Latinoamérica, estas esconden una realidad latente: varios problemas sociales y abusos del sistema que se han desarrollado durante las últimas décadas. El alza de los precios de transporte público solo fue la gota que rebalsó el vaso.
Uno de los motivos de protesta, y deuda que el Estado tiene con el pueblo chileno, es el cambio en el sistema de pensiones. Como parte de la instauración del modelo neoliberal en Chile, se estableció el sistema de pensiones donde fondos privados administran el dinero ahorrado por las familias. Los gobiernos democráticos han ido complementando las AFP con un sistema público de reparto conocido como “pilar solidario”, financiado por impuestos y que pretende “subsidiar” a ciertos trabajadores y poblacionales vulnerables. Mucha controversia se ha generado sobre cuál es la fórmula de cálculo de las pensiones, pues muchos afirman que no importa cuánto tiempo tienen las personas trabajando, las pensiones se distribuyen más o menos uniformemente, lo cual ha llevado a molestia generalizada.
El sistema de salud chileno es bastante parecido al peruano, en cuanto a que se puede escoger ser usuario del sistema público o del sistema privado. El 80% de la población es parte del FONASA (público) y el 20% es del ISAPRE (privado). Es decir, el 80% de la población tiene que atenderse en un sistema público que no es de calidad ni lograr cubrir las enfermedades de la población. Añadido a ello, el precio promedio de los medicamentos originales en Chile es el más caro de Latinoamérica. Por otro lado, existe gran ausencia de hospitales y especialistas, ausencia de atención primaria con el fin de prevenir enfermedades y una larga lista de espera en los hospitales.
Las calles de Chile están en su mayoría llenas de manifestantes estudiantes. Estos se ven especialmente perjudicados por el sistema educativo actual: demandan mejor educación, de calidad y gratuita, reclaman por la alta segregación existente y la injusticia que hay en cuanto a oportunidades para tener educación superior de calidad. Lo que los estudiantes creen injusto es que la capacidad de superación y desarrollo de las personas sea restringido por la calidad de educación primaria que llevaron o por la capacidad de los padres de pagar por educación que leS asegure una mejor calidad de vida. Para los estudiantes existen privilegios para algunos que les permiten superarse mientras que a otros estancarse. (apellidos, clase social, posición económica, etc.)
Otro malestar en los últimos años, y en especial, de la población de la capital fue el caos del sistema de transporte público de Santiago. Hace 12 años, se trató de implementar un sistema que pretendía conectar el metro y los buses con el fin de lograr viajes más cortos, dinamismo y orden. Sin embargo, el “Transantiago” fue caótico desde el día uno, con largas colas de espera para abordar buses y el metro, viajes que demoraban mucho y en general un diseño no eficiente. El precio, además, no refleja la calidad del sistema, provocando gran índice de evasión y descontento. Es por ello, y junto a las otras razones expuestas, el revuelo cuando se anunció el aumento en 30 pesos de la tarifa.
Aunque en Chile se ven notorios avances con respecto a cifras macroeconómicas como el decrecimiento de la tasa de mortalidad, el nivel de educación e ingresos muy por encima de la región, se tiene a la población descontenta por las deudas sociales que se han ido acumulando y no atendiendo. La molestia de la población no parece que vaya a cesar, hasta que todos los compromisos sociales se vayan saldando y que el crecimiento económico refleje a su vez el bienestar de la población.
